La Corte Suprema de Estados Unidos mantuvo este lunes la implementación de un fallo que exige a la Autoridad Palestina y a la Organización de Liberación de Palestina pagar 655,5 millones de dólares a los estadounidenses perjudicados por los ataques ocurridos entre 2002 y 2004, después de que la jueza Sonia Sotomayor rechazara una solicitud de suspensión de las indemnizaciones. Las dos autoridades palestinas advirtieron sobre graves repercusiones financieras, de servicios y de seguridad en Cisjordania.
Publicado el: 08/04/2026 - 01:30Última actualización: 08/04/2026 - 05:27
La jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Sonia Sotomayor, se negó el lunes a suspender la implementación de un fallo que exige a la Autoridad Palestina y a la Organización de Liberación de Palestina pagar una compensación por valor de 655,5 millones de dólares, en un caso civil relacionado con ataques que mataron e hirieron a estadounidenses en Israel entre 2002 y 2004.
Sotomayor rechazó una solicitud de la Autoridad Palestina y la OLP de suspender el pago de la indemnización hasta que se decida una apelación sobre una decisión de un tribunal inferior que reabrió el caso, años después de que fuera desestimado.
La jueza no explicó los motivos de su decisión ni remitió la solicitud al pleno del Tribunal Supremo. Sotomayor maneja solicitudes urgentes relacionadas con casos provenientes de Nueva York y otros estados.
El caso se remonta a atentados ocurridos entre 2002 y 2004.
El caso se remonta a una demanda presentada por estadounidenses cuyos familiares murieron o resultaron heridos en tiroteos y atentados con bombas en Jerusalén y otras zonas entre 2002 y 2004, y acusaron a la Autoridad Palestina y a la Organización de Liberación de ser responsables de los mismos.
En 2015, un jurado de un tribunal federal de Nueva York falló a favor de los demandantes, obligando a las dos partes palestinas a pagar una indemnización por valor de 655,5 millones de dólares.
Pero la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito anuló el fallo en 2016, al considerar que el tribunal federal que conoció el caso no tenía competencia, antes de que la Corte Suprema se negara en 2018 a considerar un recurso presentado por los demandantes.
En 2019, el Congreso aprobó la “Ley de Promoción de la Seguridad y la Justicia para las Víctimas del Terrorismo”, con el objetivo de facilitar el procesamiento de la Autoridad Palestina y la OLP ante los tribunales estadounidenses.
La ley estipula que se considera que las dos entidades han acordado someterse a la jurisdicción estadounidense si llevan a cabo actividades específicas en Estados Unidos o proporcionan pagos a personas que llevan a cabo ataques contra estadounidenses.
El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito dictaminó posteriormente que la ley violaba los derechos de los dos partidos palestinos al debido proceso según la Constitución de Estados Unidos, pero el Tribunal Supremo anuló esta decisión por consentimiento unánime de sus jueces en junio de 2025.
Tras la decisión del Tribunal Supremo, en marzo el Tribunal de Apelación restableció el fallo a favor de los demandantes.
La Autoridad Palestina advierte de repercusiones financieras y de servicios
La Autoridad Palestina y la OLP advirtieron en su memorando ante el tribunal que implementar el fallo causaría graves daños financieros y amenazaría la continuidad de los servicios de gobierno, seguridad, educación y saneamiento en Cisjordania.
Dijeron que los demandantes podrían intentar cobrar una compensación de los ingresos fiscales palestinos que Israel recauda en nombre de la Autoridad Palestina, que representa una importante fuente de financiación para sus operaciones.
También argumentaron que la sentencia emitida en 2015 perdió su efecto jurídico luego de agotar las vías de apelación en 2018, por lo que no puede volver a ejecutarse.
Francia 24/Reuters
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